A raíz de la descomposición institucional gatillada por la violencia que siguió al 18 de Octubre de 2019, parecía que había desaparecido todo vestigio de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, bastó que asomara una tímida reacción de protesta de los camioneros alegando la falta de seguridad para desarrollar su trabajo, para que todos aquellos que evaluaban y justificaban la violencia desatada en protesta atendida la falta de “igualdad”, inmediatamente denunciaran que los actos de los primeros constituían un quiebre inaceptable al Estado de Derecho. Y, es que, a ningún sector le gusta cuando el otro es el que se conduce sin respeto por las leyes, lo que no obsta que reclame para sí el derecho a infringir las leyes, por cuanto aplicarlas a su caso resultaría injusto o ilegítimo.    

Pero, ¿qué es el “Estado de Derecho”? Para los efectos de esta modesta editorial, es una jurisdicción (léase país) donde imperan las leyes y no el poder de una o más personas, llámense estos reyes, presidentes, jueces, diputados, sindicalistas, empresarios, etc. Algo que molesta infinitamente a los eternos populistas, porque las leyes requieren acuerdos, transacciones, entendimientos, cosa que a su vez repele al sentido de pureza y superioridad moral que inspira a los fanáticos y la cual manipulan los populistas para decir, por ejemplo, que la Constitución no puede anteponerse al sentir de la mayoría. La Constitución existe precisamente para proteger a la minoría de los excesos de la mayoría y al ciudadano de a pie del uso ilegal del poder por parte del Estado. La existencia de un Estado de Derecho proporciona paz social y evita guerras civiles, dictaduras, democracias populares y otras variantes que buscan concentrar poder político en personas y no en instituciones. Demás está señalar que todos estos ejemplos de quiebre de un Estado de Derecho se hacen invariablemente invocando los más altos y altisonantes conceptos: “igualdad”, “libertad”, “recuperación de las tierras ancestrales”, “derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna”, a “recuperar una verdadera democracia”, etc.

El último y más reciente episodio del quiebre del Estado de Derecho en Chile proviene del lugar más insospechado. De la Contraloría General de la República.

Como les habrá quedado patente a nuestros lectores a raíz de los sucesos post 18/10, es imposible sostener un Estado de Derecho apoyado simplemente en leyes, abogados y funcionarios públicos. Se requiere además contar con una fuerza disciplinada que, llegado el caso, imponga esas leyes.  Esa fuerza es la denominada “fuerza pública”, que es la llamada a ser ejercida por agentes del Estado para mantener el Estado de Derecho. Para preservar que nos rijan las leyes que en ejercicio de su soberanía se dieron los chilenos a si mismos. Para evitar que rija la ley de la calle, la ley del más fuerte, de aquellos que buscan someternos al resto con sus actos de violencia y vandalismo. Para que no manden los delincuentes, sino que las autoridades elegidas por todos. A esta “fuerza” se le da el apellido de “pública”, para ser diferenciada de la fuerza ejercida por cualquier ciudadano, sin tener la autorización legal para hacerlo. La primera es una manifestación de la soberanía del Estado, la segunda la conducta de un delincuente.

“Como les habrá quedado patente a nuestros lectores a raíz de los sucesos post 18/10, es imposible sostener un Estado de Derecho apoyado simplemente en leyes, abogados y funcionarios públicos. Se requiere además contar con una fuerza disciplinada que, llegado el caso, imponga esas leyes”

Sin embargo, a raíz de nuestra historia más reciente se produjo un cierto consenso en el sentido que se debía ser más efectivo en castigar el uso “excesivo” de la fuerza por partes de los agentes del Estado encargados de ejercer la fuerza pública. Con dicho propósito se dictó una profusión de normas que buscan sancionar estas conductas, así como se financió a diversas agencias de Estado, tales como el Ministerio Público, el INDH y el CDE, para que se persiguieran a los responsables. Desgraciadamente, como suele ocurrir cuando se introduce nueva legislación, no existía (ni existe hasta la fecha) claridad de cuando se está ante un uso “excesivo”. Ello ha redundado en que abunda la hipérbole y los superlativos al referirse al uso de la fuerza pública, pues los acusadores buscan forzar el concepto de “excesivo” para calificar un ejercicio de la fuerza pública que, en la generalidad de los casos, ha sido perfectamente razonable e incluso acorde con los protocolos existentes al efecto. Tristemente, en la práctica todo ejercicio de fuerza pública por parte de un agente del Estado ha sido invariablemente calificado como “excesivo” (cuando no, propio de tortura, para poder acusarlo de un delito de “lesa humanidad” que tiene una sanción mucho más grave) y sometido a proceso judicial para determinar eventuales responsabilidades.

Todo esto ha significado que cualquier uniformado que sale a la calle para controlar el orden público y que se ve expuesto a tener que hacer uso de la fuerza, -aunque ello sea en el contexto puramente de defenderse personalmente-, sabe que será sometido a un proceso para determinar si actuó o no dentro de los limites legales e indefinidos de lo que sería un uso “legítimo” de la fuerza. Lo que es peor, es que mientras sus acusadores tendrán un presupuesto generoso para perseguirlo, el acusado uniformado solo tiene su patrimonio personal para contratar su defensa, al tiempo que arriesga perder todo ingreso mientras se arrastra la causa en el evento que sea sometido a prisión preventiva. Demás está elaborar en cuanto la fragilidad financiera que tiene un uniformado y como ello atenta en contra de su capacidad para negarse a un arreglo que siempre se le propone a cambio de aceptar reconocer negligencia o dolo en su actuar.

A este cuadro de por sí muy negativo para el uniformado que busca servir a su Patria haciendo lo que fue entrenado para realizar, se suma ahora la arremetida de la Contraloría. Este organismo creado con el propósito original de velar por el correcto uso del erario público y de la legalidad formal de los actos jurídicos de la administración del Estado, ha acusado ahora a 6 generales que conforman la casi integridad de la superioridad de Carabineros de Chile, de todo tipo de infracciones a sus deberes funcionarios basado en más de 450 denuncias (según el comunicado emitido por Contraloría) cuyo contenido y gravedad nadie conoce. Con esto se logra ahora también amedrentar al mando superior de Carabineros, de manera que ahora ni tropa, ni oficialidad pueden desempeñar su labor profesional, sin que cada una de sus decisiones y actos no sean sometidos a un microscópico análisis por parte de un batallón de abogados, al tiempo que someter a cada integrante de la Institución a un costoso y tortuoso proceso legal.

En otras palabras el Estado financia la fuerza pública, y financia a todas las agencias que persiguen el uso de la fuerza pública, al punto de anularla y paralizarla, como ha quedado demostrado en la Araucanía y el 18/10, en donde estuvimos a un paso de la caída de un Gobierno constitucional. Esto es lo que se llama un Estado fallido, y resulta lamentable que una institución con el prestigio y categoría de la Contraloría se preste a profundizar este proceso de deterioro.  

Equipo La Anomia.