Instituto Nacional de Derechos Humanos: Las dudas que deja el balance a un año de la crisis social

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se representa como el organismo destinado a promover y proteger los Derechos Humanos de todas las personas que habitan en nuestro país: cuesta creer que haya algún organismo con una misión más noble y más importante que esta. Sin embargo, son innumerables los chilenos que sienten que el INDH no solo no se ha encargado de proteger sus derechos, sino que por el contrario, de forma sistemática ha protegido bajo su poderoso y mediático alero a un sinnúmero de personas que han atentado, con especial fuerza desde el 18 de octubre de 2019, contra sus propios Derechos Humanos: el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, en fin… el derecho a la tan anhelada paz. 

Por esa misma razón que a muchos violenta cuando los medios de prensa, los políticos y  los múltiples organismos que dicen defender los DDHH, tanto nacionales como extranjeros, repiten, como fieles discípulos, las cifras de violaciones a los DDHH publicadas por el INDH tras el Estallido Social, sin siquiera darse el trabajo de cuestionar si esos datos son lo suficientemente imparciales y objetivos para considerarse creíbles, y (como si este detalle fuera irrelevante), antes de contar con fallos condenatorios de los tribunales chilenos,  que confirmen la supuesta responsabilidad en los hechos denunciados .

El INDH presentó, a diciembre de 2020, 2.520 querellas en contra de uniformados: 2.340 corresponden a miembros de Carabineros, 97 del Ejército, 34 de la PDI y 49 de otras instituciones. De esas 2.520, a la fecha, 31 querellas tienen formalizados. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) criticó al  Ministerio Público por el escaso avance en las causas, pasando  por alto un hecho bastante evidente: el INDH se extralimitó en sus atribuciones en un número importante de sus querellas al no tener legitimación activa para hacerse parte, ya que según la Ley 20405 el INDH solo puede “deducir querellas respecto de hechos que revisten carácter de crímenes de genocidio, lesa humanidad o de guerra, torturas, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de inmigrantes o trata de personas”; calificó conductas de forma caprichosa y arbitraria con el solo objetivo de ingresar como intermediario; y además respaldó denuncias con muy pocas pruebas o falsas. 

Con esta realidad, no sorprende tanto que poco más del 1% de los casos tenga formalizados. Solo para dar un ejemplo muy concreto (entre otros muchos) como botón de muestra: El INDH presentó 6 querellas por  violación sexual contra hombres adultos, sin embargo, ya está comprobado que una de ellas era mentira.  ¿Qué pasará con las otras cinco restantes? ¿Serán ciertas? ¿Con qué nos encontraríamos, entonces, si hiciéramos un análisis serio  de cada una de las 2.520 querellas avaladas por el Instituto? ¿Cuántos uniformados están siendo injustamente perseguidos? ¿Ha pedido disculpas o reparado el daño cuando ha respaldado acusaciones falsas? El tema es grave y delicado, y es por eso que consideramos que los ciudadanos tenemos derecho a exigir que se hagan públicas todas y cada una de esas querellas interpuestas por el organismo. 

El INDH dice buscar “la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la garantía de no repetición”, sin embargo, si no existe lo primero, todo lo que sigue a continuación pierde sentido.  Los chilenos queremos conocer la verdad, pero ello implica dar cuenta de aquellos casos en los que uniformados  han cometido violaciones a los DD.HH. y distinguirlos de otros tantos hechos en los que uniformados han herido a terceros (en la mayoría de los casos de forma involuntaria), en el ejercicio legítimo del deber, y que, sin embargo, de igual forma han sido objetos  de querellas por parte del INDH, negándoles, en la práctica, el derecho a usar  las armas que el propio Estado les ha otorgado para cumplir con su mandato constitucional.

Es curioso que el propio Director del Instituto haya pedido que “los Carabineros estén presentes con toda la dureza de la ley en los saqueos” y sin embargo la Institución se hubiera querellado cada vez que los uniformados debieron hacer uso de sus armas, en la mayoría de los casos, no letales, para tratar de evitarlos. Lo mismo sucedió cuando las utilizaron para enfrentar las manifestaciones violentas, los disturbios, los incendios intencionales y las brutales agresiones de las que fueron víctimas en innumerables ocasiones; desconociendo el INDH que el protocolo  de Carabineros vigente a esas fechas (Circular 1832) permitía el uso de armas no letales desde el nivel 4 (agresión activa) hacia arriba, y el uso de armas letales en el nivel 5 (agresión activa potencialmente letal). ¿O nos van a tratar de convencer que se trataba de manifestaciones pacíficas? 

El informe del INDH no es lo suficientemente claro al respecto: la violencia en Chile estaba absoluta y completamente desatada, y es en ese contexto en el que se dieron la gran mayoría de los heridos post 18 de octubre. Capítulo aparte merecía además -para dar contexto a lo que sucedió- el tema de los ataques a unidades militares, comisarías, y uniformados: “nosotros no tenemos Derechos Humanos”, repiten incansablemente los Carabineros, “a nadie le importa si nos tiran bombas molotov, si nos apedrean en nuestras casas, si insultan a nuestros hijos, o si nos matan”. Pero para detenerse en ese tema quedó poca tinta: con un par de párrafos en medio de 120 páginas, fue suficiente. 

La historia se repite y seguirá haciéndolo: en una declaración reciente con respecto a la grave situación que se vive hoy en La Araucanía el INDH afirma: “Esperamos que las fuerzas de orden logren hacer su contribución a la paz, con eficacia, con todas las herramientas que les entrega la ley y sus propios protocolos, siempre con pleno apego y respeto a los derechos humanos” ¿Qué debemos entender por “herramientas”? Difícil que las Fuerzas de Orden quieran hacer uso de las “herramientas”, aún cumpliendo todos los protocolos, porque están conscientes que al primer derramamiento de sangre (no suya, por supuesto) van a ser perseguidos por todas las agrupaciones que dicen ser defensoras de los DD.HH., que nada han hecho por las muertes de inocentes -entre ellos un Carabinero y un PDI- en el último tiempo.  Con esta actitud bipolar, solo podemos esperar que el Estado de Derecho se siga debilitando en nuestro país, y que sean más los chilenos que sientan que el INDH  está, paradójicamente, contribuyendo a socavar los DD.HH. de una gran mayoría de ciudadanos honestos que se niegan a salir a quemar una estación de metro, o a tomarse las tierras vecinas para hacerse escuchar. Y de paso, estamos desperdiciando la oportunidad de contar con una noble institución que en vez de ser el arma política de algunos, sea realmente la voz de los más desprotegidos de nuestra sociedad.