Corte Suprema y uso de escopetas antidisturbios

El día 22 de febrero pasado, la Excelentísima Corte Suprema, se pronunció en segunda instancia respecto, entre otras acciones constitucionales de protección, a la incoada por un grupo de observadores de Derechos Humanos, quienes recurrieron ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando a esta última, declarara ilegal y arbitrario el uso de armas de fuego por parte de Carabineros, en contexto de manifestaciones, entendiéndose por tales; pistolas, revolver, subametralladoras, fusiles, ametralladoras y las escopetas antidisturbios, en aquellos casos. En primera instancia se acogió por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso lo solicitado por los recurrentes, sin embargo, en segunda instancia, sus pretensiones fueron rechazadas por nuestro máximo tribunal.

En su fallo, como ya se adelantó, la Excelentísima Corte Suprema rechazó la solicitud tendiente a prohibir a Carabineros de Chile el uso de escopetas antidisturbios. En la sentencia se señala que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Orden Nº 2780 cumplió con el compromiso estatal en orden a actualizar el protocolo 2.8 relativo al uso de la ya mencionada escopeta. Acto seguido, el fallo declara que la acción de protección no es el medio idóneo para establecer si el actuar de Carabineros se ajusta a criterios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Por último, en otra línea de razonamiento, la sentencia determina que tanto la Ley como la Constitución Política de la Republica habilitan al Presidente de la República, al Ministerio de Interior y Seguridad Publica y a Carabineros de Chile para actuar en materias relativas al orden público.

Pues bien, no se puede sino compartir el razonamiento de nuestro máximo tribunal. En primer lugar, porque deja claro que se han cumplido los compromisos tendientes a actualizar los protocolos de uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas con la finalidad de ceñirlos a criterios de proporcionalidad y apego a los Derechos Humanos. En segundo lugar, se coincide con lo razonado en el fallo en cuanto a que no es la acción constitucional de protección el medio procesal idóneo para que la Corte pueda pronunciarse respecto de situaciones fácticas de eventuales faltas a la legalidad o proporcionalidad por parte de Carabineros en el uso de la fuerza. Dicho tipo de pronunciamientos son propios de procedimientos jurisdiccionales de otra naturaleza. En tercer lugar, se comparte lo resuelto en el fallo por cuanto no puede pretenderse privar a Carabineros de Chile del uso de medios de disuasión y reacción ante la ocurrencia de hechos que muchas veces sobrepasan la frontera de una manifestación pacífica, constituyendo, lo que en castellano claro debe denominarse desorden público, atentados a la propiedad pública y privada, agresiones directas a la autoridad, en definitiva, lisa y llanamente, delincuencia. Por último, no está de más recordar lo expresado con acierto por Max Weber, cuando afirmó que es precisamente el Estado quien tiene el monopolio de la fuerza física legítima.

Sergio Contreras, Abogado.
Germán Cueto, Abogado
Thommás Letonja, Abogado