Entrevista Abogada Nubia Vivanco:“Es momento de conocer las irregularidades y que sean penalizadas”

La abogada Nubia Vivanco, se ha transformado en una figura emblemática en la defensa de Carabineros y Militares a partir del 18 de octubre del 2019. Uno de los casos más emblemáticos ha sido su defensa al Carabinero Sebastián Zamora, acusado de arrojar deliberadamente a un joven desde el puente Pío Nono durante una protesta.  Hoy se suma un nuevo caso que se basa en la acusación a diez soldados que están privados de libertad luego de una acusación de secuestro y tortura a cinco individuos. 

Al respecto Nubia señala, “lo que hemos venido trabajando los abogados de estos jóvenes en cuanto a la defensa, ya sea de Carabineros como Militares que han sido condenados por delitos posteriores al 18 de octubre, es que observamos una línea absolutamente clara. Una política muy instrumentalizada, que ha encontrado eco en un Ministerio Público que se ha alineado a este objetivo y que tiene como consecuencia que ninguna de estas investigaciones hayan sido objetivas para establecer responsabilidades penales, respecto de funcionarios militares y de carabineros”.

Lo ocurrido a los diez militares de Collipulli, cuya querella surge en virtud de cinco individuos que señalan haber sido controlados y detenidos por una patrulla militar. Los querellantes señalan que habrían sido inmovilizados con amarras plásticas por sus espaldas, y luego obligados a subir al camión de la patrulla, llevándolos a un sitio boscoso durante la noche. Al obligarlos a descender, los habrían expuesto a un simulacro de fusilamiento, además de rociarles la ropa con bencina con la clara intención de quemarlos. Finalmente, los habrían abandonado en mitad del bosque, teniendo que volver caminando.

Para la abogada Vivanco, llama la atención que en su relato ellos presenten una amarra plástica, pero no se vean marcas físicas de éstas. Luego, el fiscal toma la huella de un camión, y la hace coincidir con un el camión del militar, pero no comprueba que así sea. Finalmente, ese es el fundamento que hace válido para luego privar de libertada a nueve de diez imputados. Un teniente, un sargento, dos cabos y el resto cabos profesionales. 

El montaje jurídico

En el contexto de la pandemia, los militares eran enviados a la zona en comisión de servicio para apoyar el orden público y a Carabineros, con patrullaje de día, apoyo al personal de salud, municipal, repartición de cajas alimenticias, entre otras acciones. Estos militares tenían la labor de hacer patrullaje en dos sentidos, al interior de la comunidad de Collipulli para efectos del respeto del toque de queda, y la vigilancia de la ruta 182, para mantener despejada debido a ser una ruta estratégica. Obviamente, los militares no tienen facultades policiales para detener, sino que puede retener hasta que llega Carabineros.

Sin embargo, las anomalías en este caso, y otros, muestran un patrón de conducta irregular. Nubia señala que “como abogados defensores vemos que el Ministerio Público que está investigando con “visión de túnel” – sin objetividad- respecto a las responsabilidades penales, al punto que analizando las circunstancias, se ha alejado de su rol, que por su ley orgánica constitucional, le exige penalizar sus labores de manera objetiva. Sin duda ha perdido el principio de objetividad”. Según Nubia, los antecedentes demuestran que la formalización de los diez soldados en el caso de Collipulli, es una formalización arbitraria, porque el fiscal no investigó ningún antecedente que diera cuenta que los jóvenes de esta patrulla hubieran estado en donde los denunciantes indican. Tampoco se investigó ningún antecedente que pudiera favorecer o inculpar a los militares. Por ninguno de los dos lados. Vale decir, no se realizó ninguna investigación.

Según la abogada Vivanco, esto se debe a un “montaje, una emboscada jurídica, que busca desincentivar la política del gobierno de enviar a militares para apoyar la labor de los policías en la zona roja, que se produce dentro de este contexto. Un punto importante es que uno de mis representados, que está privado de libertad, el soldado Rodrigo Lepín Lepín, es mapuche, y su familia vive en una comunidad mapuche. Él habla mapudungun y cómo es posible que el fiscal nunca le haya consultado su origen, o que si habiéndole consultado, cómo no despejó que el hecho que el teniente o alguno de sus camaradas lo hubiera menoscabado, ofendido por su origen étnico mapuche”. 

De los denunciantes, dos varones presentaron lesiones, pero no al momento de hacer la denuncia, sino que dos días después. Las mujeres no presentaron nada. De hecho, el relato hace pensar que los torturadores son bastantes educados, ya que, al momento de subirlas y llevarlos detenidos, le dan el asiento a las mujeres y los hombres se van sobre el piso. De estas personas, Carlos Multipan, es un activista y es el líder de la denuncia, de hecho, hizo una querella particular, a parte de la otra querella inicial que interpuso el INDH. 

Novedades en casos de uniformados

Varios son los casos que dan cuenta de cómo comienzan a desmoronarse las acusaciones a uniformados y Carabineros. Primero cae el montaje de la acusación al Carabinero Sebastián Zamora, al conocerse las grabaciones que demuestran que él no arrojó al manifestante puente abajo. Adicionalmente, se conoce el caso del capital Hugo Navarro, quien fuera imputado en Ovalle, y sale en libertad tras un año y dos meses de prisión preventiva, acusado de homicidio frustrado, con lesiones graves, detención ilegal, que está en investigación, pero que luego de un juicio de nueve días, se cae la mayoría de las acusaciones graves que lo tuvieron privado de libertad un año y dos meses. 

No solo no se cumplen los estándares para formalizar a las personas y menos para pedir prisión preventiva cuando no hay causas objetivas. Si bien hay sistemas de controles internos respecto del Ministerio Público, que son los procesales a través de los recursos, también está el sistema de control interno, que es el administrativo, que se da cuando una persona considera que ha procedido con una formalización arbitraria.

La defensa de los casos aquí revisados, busca el fin de un Ministerio Público obtuso, con visión de túnel -vale decir donde no existe el principio de objetividad- de tal manera que pueda investigar todo aquello que pueda favorecer o culpar al imputado. Y cuando uno se aleja de ese principio, lo que se hace es investigar con esa visión de túnel y absolutamente sesgado.

Este principio de objetividad es uno de los más cuestionados por parte del Ministerio Público, ya que en Chile este ministerio es el encargado de investigar y acusar, entonces nos preguntamos hasta qué punto puede ser objetivo el fiscal.

En el caso del Puente Pio Nono, la fiscal sabía en el momento de la fiscalización que Sebastián tenía una cámara en el pecho, porque ya habían entregado la cámara fiscal, en donde se ve que Sebastián se para al frente y le dice al teniente, que lo había matado, pero se ve con esa cámara que llevaba en el pecho que no era así. Se esperó estar ante otro caso Catrillanca, hasta que se entregó la cámara de Sebastián y se demostró lo contrario.

Uno de los objetivos de Vivanco es poder querellarse en contra de los testigos del Ministerio Público, para solicitar el levantamiento de la orden de detención de Sebastián Zamora, porque los dos testigos mintieron, al señalar que vieron cómo Sebastián tomaba de los pies a Antony para lanzarlo por el puente, lo que ha quedado absolutamente desmentido con el video de la cámara. 

Hoy es el momento de comenzar a hablar de todas estas irregularidades.