El Código Penal no es poesía, señor juez

Si el amor por la literatura y la interpretación se cuela entre sus pensamientos y valores,
entonces el Juez de Garantía Daniel Urrutia debería replantear su trabajo como abogado,
ya que la ley es una sola y la justicia no está sujeta a la retórica.

El Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago , Daniel Urrutia, tiene un interesante
prontuario que evidencia la parcialidad de sus determinaciones. El magistrado, que fue
suspendido de sus labores en marzo del 2020 y relegado a un Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional, tras liberar de oficio a 13 imputados de la “primera línea”, el mismo que validó el montaje del supuesto centro de torturas al interior de la estación Baquedano, retomó sus labores hace un par de meses, asumiendo casos que nuevamente ponen en cuestión su interpretación de la ley.


Uno de los recientes procesos emblemáticos que evidencia la clara tendencia de Urrutia, es el de
Gonzalo Farías Barrientos, que se encontraba en prisión preventiva desde diciembre del
2020 por haber lanzado una bomba molotov contra un piquete de carabineros en una manifestación en Plaza Baquedano. Al poco tiempo de haber retomado sus funciones en el Séptimo Juzgado de Garantía, el juez Urrutia determinó liberar al imputado. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo que revertir la decisión del magistrado, porque los querellantes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Ministerio del Interior, apelaron a la decisión.


Los últimos hechos que vuelven a poner en duda su gestión se dan en el contexto del caso del cabo de carabineros Mauricio Carrillo, uniformado que fue imputado por el cuasidelito de lesiones graves por el atropello de un joven de 20 años en Plaza Baquedano (cuando el carro lanza aguas que este manejaba en medio de violentas manifestaciones impactó al joven contra otro vehículo policial) el pasado 20 de diciembre de 2019.

La semana pasada, la Fiscalía Centro Norte lo reformalizó por eventuales apremios
ilegítimos pidiendo su arresto domiciliario, sin embargo el ahora llamado “Juez de la Lista del Pueblo”, decretó su prisión preventiva argumentando que el accidente se trataba de un supuesto caso de tortura. El día de ayer, en un “ir y venir” que ya se ha vuelto recurrente, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó nuevamente el fallo del polémico juez, levantando la gravosa medida cautelar contra el uniformado.


No debe sorprender que para el magistrado la ley se entremezcle con sus convicciones
personales, ya que incluso ha cuestionado públicamente al Gobierno y el actuar de las FF.AA.
y de Orden. En una entrevista otorgada a la Radio Universidad de Chile el 20 de abril del
2021, señaló que “en todas las querellas que presenta el Ejecutivo siempre se infla más la
situación, se apoyan muchas veces en las declaraciones y en lo que arma justamente la
policía de Carabineros. Y que hemos visto, una y otra vez, que han resultado ser montajes”.

En otra entrevista dada a Sputnik News el 19 de noviembre del 2020 declaró que en
Chile existen presos políticos y que “lo que se produce es la represión a través de
carabineros y los militares, es un ejercicio de la fuerza. Por eso en el estallido social,
durante el primer toque de queda, hubo terrorismo de Estado en Chile”.

¿Cómo puede explicarse que un juez que está permanentemente dando
declaraciones públicas contra uniformados a través de los medios o sus redes sociales no esté
inhabilitado para revisar causas donde hay carabineros imputados? ¿Qué nivel de justicia
podían esperar el Carabinero Mauricio Carrillo y sus abogados en la audiencia ante el
citado juez?

Finalmente, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos en la justicia cuando existen
jueces que transgreden tan flagrantemente los valores mínimos de ética judicial?

Le dejo a usted la respuesta.